Por: PROESA – Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud – Universidad ICESI
Un pensamiento promovido, incluso por algunos gobernadores, es que se deben consumir más bebidas alcohólicas para financiar el sistema de salud. Si bien en Colombia existen impuestos que gravan este consumo y parte del recaudo se destina al sector salud, esta idea no contempla todos los costos económicos, sociales y ambientales derivados de dicho consumo. Anualmente, el alcohol es responsable de la muerte de más de 10 mil colombianos. En términos económicos, los problemas asociados a su consumo cuestan como mínimo el 1.5% del PIB. Es un catalizador de violencia y genera muchos más problemas que no suelen tenerse presentes en el imaginario colectivo.
Los impuestos al alcohol son una de las medidas con mayor respaldo científico para reducir su consumo y, con ello, los daños asociados. Sin embargo, en Colombia estos impuestos no están diseñados con ese objetivo. Su estructura varía según el tipo de bebida y las tarifas no son lo suficientemente altas como para generar un efecto disuasorio significativo. Un ejemplo claro de esta realidad se encuentra en el estudio publicado por el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA) de la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili, donde se analiza la evolución del recaudo de los impuestos a las bebidas alcohólicas entre 2012 y 2024, con un enfoque territorial.
El estudio muestra que el consumo de alcohol en el país ha crecido en los últimos años, de hecho, el dato más reciente corresponde al mayor nivel registrado, pero que los recaudos asociados a este consumo representan una proporción cada vez menor dentro de los ingresos departamentales. En el caso de la cerveza, la bebida alcohólica más consumida, mientras que el consumo creció cerca del 50% en los últimos doce años, el recaudo por litro apenas aumentó un 13%. En el caso de los licores, a pesar de que el consumo también aumentó, el recaudo por litro disminuyó. Así, se evidencia que el diseño tributario actual no capta adecuadamente la dinámica del mercado ni cumple su potencial preventivo y recaudatorio.
Cuando se propone una reforma a los impuestos al alcohol orientada por objetivos de salud pública, suele surgir la pregunta sobre su impacto económico, en especial sobre el empleo. Otro estudio de PROESA se dedica a analizar este aspecto. Se estima que el sector de bebidas alcohólicas en Colombia tiene 471.518 empleados. De estos, el 96% se concentra en actividades comerciales y apenas el 4% en la manufactura. Además, el 88.2% de estos trabajadores no cotizan pensión, lo que indica una alta informalidad, especialmente en el comercio. El estudio también evalúa el posible impacto de un rediseño del impuesto que iguale la estructura tributaria entre tipos de bebidas y aumente las tarifas actuales. Debido a limitaciones de información, el análisis se enfoca únicamente en el sector manufacturero. Los resultados muestran que un aumento del impuesto podría generar una disminución de empleo en la producción de bebidas alcohólicas en el corto plazo. Sin embargo, al considerar la inversión del recaudo adicional en sectores como salud o educación, el efecto neto para la economía sería positivo: se generarían más empleos de los que se podrían perder, incluyendo oportunidades para absorber a quienes salgan del sector afectado. A esto se suman beneficios no cuantificados como la mejora en salud, el aumento de la expectativa de vida, la productividad laboral, y el incremento en el ingreso disponible de los hogares para otros bienes y servicios.
Otra preocupación habitual es cómo se verían afectadas las rentas departamentales. Los impuestos al alcohol son rentas cedidas, lo que significa que su administración y fiscalización recaen en los departamentos. Pero como se señaló previamente, el peso relativo de estos impuestos dentro del ingreso departamental ha disminuido. El estudio de PROESA también señala que la renta por monopolio, que obtienen algunos departamentos por controlar la producción y comercialización de licores, ha crecido en participación, e incluso hay gobernaciones que han optado recientemente por activar este mecanismo de financiación. Si bien esta fuente podría verse afectada por una disminución en el consumo, los recaudos adicionales provenientes del impuesto al consumo compensarían esa pérdida. A nivel nacional, el efecto neto sería un aumento en los ingresos fiscales.
En conjunto, los dos estudios de PROESA ofrecen evidencia independiente y libre de conflicto de interés que sustenta la necesidad de avanzar hacia un rediseño de los impuestos a las bebidas alcohólicas orientado por criterios de salud pública y justicia fiscal. Los resultados muestran que muchos de los argumentos usados para oponerse a esta medida no tienen sustento empírico. Reformar estos impuestos no significa perder empleo ni desfinanciar a los departamentos. Por el contrario, puede traducirse en más salud, más recursos y una economía más dinámica.
El gobierno nacional, de la mano de la academia y con respaldo de la sociedad civil, debería intensificar sus esfuerzos por implementar una política fiscal que contribuya a disminuir el consumo nocivo de alcohol. Solo así podremos prevenir muchos de los daños que hoy padecemos y, al mismo tiempo, contar con recursos sostenibles para enfrentar los desafíos sociales y económicos del país.
Tim Stockwell, Instituto Canadiense para la Investigación del Uso de Sustancias, Universidad de Victoria
