En el marco de la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 493 de 2020, en discusión en el Congreso de la República de Colombia, expertos en ciencias de la salud, en políticas públicas, organizaciones de la sociedad civil y entidades del gobierno colombiano como el INVIMA, y los ministerio de Salud y Protección Social, y de Industria y Comercio, presentaron sus conceptos en torno a esta iniciativa que busca regular “los productos de administración de nicotina y sin nicotina y se dictan otras disposiciones”.

  • No hay productos de tabaco o de administración de nicotina cuyo uso sea inocuo para la población, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 493 de 2020.
  • Sociedades médicas, científicas y organizaciones de la sociedad civil de Colombia piden aplicar a vapeadores y cigarrillos electrónicos una regulación integral en línea con el Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC 2030) y que esté libre de la interferencia de la industria
  • Lo procedente es trabajar en extender la Ley 1335 de 2009, la ley de control de tabaco, a estos `nuevos ́ productos entendiéndolos como sucedáneos e imitadores del tabaco o cigarrillo tradicional.

En este espacio se advirtió que usar expresiones como “daño reducido tienden a confundir a la población y a dar una falsa sensación de seguridad” frente al uso de estos nuevos dispositivos, como lo hizo Adriana Bacelar, especialista regional de vigilancia del tabaco de la OPS/OMS.

También llamaron la atención sobre el hecho de que el propósito de abrir una audiencia pública como ejercicio participativo y legislativo se desvirtúa si no respeta los tratados internacionales, específicamente el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC 2030), con relación a la no interferencia de la industria en las iniciativas de regulación. Así lo aseguró Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anaás, al decir que “los determinantes comerciales son palpables y una realidad en esta audiencia”. En el mismo sentido se pronunciaron Andrés Vélez de Edulegal de Colombia y Erik Ochoa de la Organización Salud Justa de México, quienes advirtieron con preocupación que esta iniciativa “es muy parecida -casi en el 95 % de la exposición de motivos- a una que se presentó el 12 de marzo de 2020 en México”.

Ochoa enfatizó que este hecho da a entender que “la industria está buscando, con el mismo texto, lograr una legislación que diferencie los productos de tabaco convencionales de los nuevos productos para tener una regulación que no cumpla con los estándares del convenio marco de la OMS”.

En el mismo sentido se pronunció João Ricardo Rodrigues, del instituto Nacional de Cáncer de Brasil, quien pidió “no reinventar las reglas con nuevas propuestas”. En el concepto de este experto y también del director de la Liga Colombiana contra el Cáncer, doctor Carlos Castro, porque con ello “se corre el riesgo de propiciar una regulación permisiva”.

Los representantes de las sociedades médicas y científicas, de la OPS/OMS, como de la sociedad civil recalcaron que “el mejor enfoque para hacer frente a la epidemia del tabaquismo es la plena implementación del FCTC, es decir que “la restricción aplicable actualmente al tabaco se aplique también a los imitadores”, como pidió Carolina Piñeros, de Red PaPaz.
Además, porque como planteó Alfonso Ávila de la Sociedad Colombia de Medicina Familiar “esta propuesta regulatoria abre la puerta para legalizar la promoción en Colombia de la adicción a la nicotina en la población adolescente y joven, haciendola esclava de unos de los mayores de riesgos en salud que existe: el tabaco y la nicotina”.

Riesgos en contexto

Blanca Llorente, directora de la Fundación Anaás, llamó la atención sobre las evidencias científicas que se utilizan en el proyecto de ley. Aseguró que “Ninguna de las 201 referencias del texto del proyecto de ley 493/2020, mencionan datos o encuestas poblacionales de nuestro país, y que cualquier iniciativa debe partir de la realidad y evidencia de nuestra población”.

A la voz de Llorente se sumó la de otros expertos como el doctor Javier Fajardo del Hospital Universitario de Santander, y director del grupo de investigación MEDITA de la Universidad Industrial de Santander, que destacaron el hecho de que intentar “vender el cigarrillo electrónico como estrategia de menor riesgo es reprochable, pues estos dispositivos hacen más eficientes la interacción con la nicotina”, y tienen sustancias cancerígenas y perjudiciales para la salud.
En la audiencia se presentó, entre otros, un estudio publicado este año por investigadores de la Universidad Johns Hopkins, quienes encontraron casi 2000 sustancias desconocidas en los cigarrillos electrónicos, así como “compuestos similares a los hidrocarburos condensados, típicamente asociados con la combustión, que los fabricantes dicen que no ocurre durante el vapeo”.

Alertas de expertos internacionales
En la audiencia pública convocada por los representantes Mauricio Toro, Jorge Correal y Jorge Benedetti, la profesora de la Universidad de California en San Francisco, Stella Aguinaga Bialous, advirtió que llama la atención que no es claro “cómo la ley propuesta, que declara la intención de prevenir el uso entre los jóvenes, apoyará los esfuerzos para que los que actualmente son adictos puedan dejarlos”. Y resaltó que preocupa que incluya “una campaña de comunicación que podría percibirse como una promoción de uso de estos dispositivos de nicotina”. Asimismo, subrayó el hecho de que el proyecto de ley no incluye “regulación de contenido de nicotina en estos productos”.
En esa misma línea, Graziele Grillo, del Jhon Hopkins Bloomberg of Public Health, destacó que una regulación de los nuevos dispositivos “tienen presentaciones muy heterogéneas y con perfiles muy diferentes de administración de nicotina, por eso la evidencia muestra que ni los SEAN ni los productos de tabaco calentado son seguros”.

Se requiere regulación integral
Finalmente, se enfatizó que “el camino correcto es la cesación” y que por eso “se necesitan proyectos de regulación, no de liberación” como el que se discute en el Congreso de la República, como recalcó Manuel Pacheco, miembro de la Sociedad Colombiana de Neumología.
Las organizaciones participantes coincidieron en afirmar que lo procedente es trabajar en extender la Ley 1335 de 2009, la ley de control de tabaco, a estos `nuevos ́ productos entendiéndolos como sucedáneos e imitadores del tabaco o cigarrillo tradicional.